a. Introducción y Conceptos Clave

El Artículo 29, en el contexto de la ley Bases, introduce una modificación a la Ley 19.549, que regula los procedimientos administrativos. Específicamente, este artículo busca garantizar la transparencia y la participación ciudadana en las decisiones que involucran tarifas y regulación de servicios públicos. Para entenderlo mejor, imaginemos que el Estado es como el administrador de un edificio (nuestro país) y los ciudadanos somos los inquilinos. Los servicios públicos, como la luz, el agua o el gas, son como los servicios comunes del edificio. Hasta ahora, el administrador podía decidir cómo y cuánto cobrar estos servicios sin consultarnos demasiado. Este artículo busca cambiar eso, estableciendo que, cuando se trate de temas de tarifas o cómo funcionan estos servicios, el administrador (el Estado) deberá realizar una "consulta pública". Es decir, deberá informarnos claramente sobre los cambios que quiere hacer, darnos acceso a toda la información relevante y, fundamentalmente, escuchar nuestras opiniones antes de tomar una decisión.

b. Explicación Detallada

El artículo 29, al incorporar un nuevo Artículo 8 bis a la Ley 19.549, establece dos mecanismos principales para garantizar la participación ciudadana: 1. Consulta Pública: Obliga a realizar un procedimiento de consulta pública siempre que la ley exija la participación ciudadana en temas tarifarios y de regulación de servicios públicos. Esto significa que el Estado deberá: - Brindar información adecuada, veraz e imparcial a los ciudadanos sobre los cambios propuestos. Imaginemos que el administrador del edificio quiere aumentar el precio del agua. Esta consulta nos permitiría saber cuánto cuesta el agua actualmente, por qué quiere aumentar el precio y cómo se compara con otros edificios. - Permitir que los ciudadanos expongan sus opiniones y sugerencias "con la amplitud necesaria", asegurando que tengamos tiempo suficiente para analizar la información y expresar nuestro punto de vista. Siguiendo el ejemplo, podríamos opinar sobre si el aumento es justo, proponer alternativas o incluso organizarnos con otros vecinos para presentar una propuesta conjunta. - Considerar "fundadamente" las opiniones vertidas durante la consulta. Esto implica que el Estado no solo debe escucharnos, sino también analizar nuestras opiniones y justificar su decisión final, incluso si decide no seguir nuestras recomendaciones. 2. Audiencia Pública No Vinculante (opcional): Además de la consulta pública, el Estado podrá realizar una audiencia pública si lo considera necesario. Esta audiencia, aunque no es obligatoria como la consulta, ofrece un espacio adicional para el diálogo y la presentación de argumentos. Siguiendo el ejemplo del edificio, la audiencia sería como una reunión entre el administrador y los inquilinos para hablar sobre el precio del agua.

c. Ejemplos Ilustrativos

Situación 1: Aumento de la tarifa del gas El gobierno está considerando aumentar la tarifa del gas. De acuerdo con este artículo, debería realizar una consulta pública donde explique las razones del aumento, la información financiera relevante y cómo impactaría en los hogares. Los ciudadanos tendrían la posibilidad de expresar sus opiniones, proponer alternativas y estas opiniones deberían ser consideradas antes de tomar una decisión final. Situación 2: Modificación en la regulación del servicio de internet Se propone una modificación en la regulación del servicio de internet que podría afectar la velocidad de conexión. La ley exigiría una consulta pública donde se detallen los cambios, su impacto en los usuarios y se permita la participación ciudadana. El gobierno podría, además, decidir realizar una audiencia pública para escuchar directamente a los ciudadanos y empresas de internet.

Este cambio en la ley, que busca fortalecer la participación ciudadana en las decisiones sobre tarifas y regulación de servicios públicos, trae consigo importantes consecuencias:

a. Para los ciudadanos:

Mayor transparencia: Se garantiza el acceso a información detallada y veraz sobre las decisiones que afectan directamente su bolsillo y la calidad de los servicios que reciben. Ya no se podrán tomar decisiones "a puertas cerradas" sin consultar a la población. Participación efectiva: Se pasa de ser un mero receptor de decisiones a ser un actor activo en la construcción de las mismas. La posibilidad de expresar opiniones fundadas y presentar alternativas, con la seguridad de que serán consideradas, empodera al ciudadano y lo involucra en el proceso. Mayor control sobre los servicios públicos: Los ciudadanos, como usuarios directos, adquieren un rol más protagónico en la definición de las condiciones y costos de los servicios, pudiendo exigir calidad, eficiencia y precios justos.

b. Para el Estado:

Toma de decisiones más informadas: Al escuchar las necesidades, preocupaciones y propuestas de la ciudadanía, el Estado cuenta con más elementos para tomar decisiones que respondan de manera efectiva a la realidad del país. Mayor legitimidad en sus decisiones: Las decisiones que se toman de manera transparente y participativa generan mayor confianza y aceptación por parte de la población, fortaleciendo la legitimidad del accionar estatal. Prevención de conflictos: Al generar espacios de diálogo y consenso, se reduce el riesgo de conflictos sociales derivados de medidas impuestas sin el debido proceso de consulta.

c. Para la democracia:

Profundización de la democracia participativa: Se fortalece la cultura democrática al promover la participación ciudadana activa en las decisiones públicas, trascendiendo la mera expresión a través del voto. Mayor rendición de cuentas: La obligatoriedad de la consulta y la consideración de las opiniones ciudadanas implican una mayor rendición de cuentas por parte del Estado, respondiendo a las demandas y necesidades de la población. Generación de un espacio de diálogo: La consulta pública y las audiencias funcionan como instancias de encuentro y debate entre el Estado y la sociedad civil, contribuyendo a la creación de soluciones conjuntas y al fortalecimiento del vínculo entre ambos.

d. Desafíos:

Garantizar la accesibilidad y difusión de la información: Es fundamental implementar mecanismos que aseguren que toda la ciudadanía, independientemente de su ubicación geográfica, nivel socioeconómico o acceso a tecnología, pueda acceder a la información de manera clara, oportuna y comprensible. Implementar mecanismos de participación ciudadana efectivos: Se deben diseñar procesos de consulta y participación ciudadana que realmente garanticen la representatividad, la pluralidad de voces y el impacto real de las opiniones ciudadanas en la toma de decisiones. Fortalecer la capacidad de respuesta del Estado: Es necesario desarrollar las capacidades institucionales que permitan al Estado procesar, analizar y responder de manera eficiente y transparente a las demandas y propuestas ciudadanas.