Ley Bases - Lex
Tipo: incorporacion
Actualizado

Artículo 80

Inclusión de deudas controvertidas en régimen de emergencia con allanamiento y renuncia a acciones legales

Podrán incluirse en el presente régimen las deudas que se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el empleador se allane incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial, según corresponda.

¿Qué significa?

a. Introducción y Conceptos Clave

El Artículo 80 de la ley Bases aborda la inclusión de deudas controvertidas en el régimen establecido por la ley. En términos sencillos, este artículo permite que ciertas deudas que están siendo disputadas entre un empleador y otra parte (como un empleado o un organismo estatal) puedan ser incorporadas al nuevo régimen legal. Imaginemos que un empleador tiene una deuda por salarios impagos con un exempleado, y esta deuda está siendo discutida en un juicio. El Artículo 80 permite que esta deuda, a pesar de estar en disputa, pueda ser incorporada al nuevo régimen, siempre y cuando el empleador cumpla con ciertas condiciones. Conceptos Clave: Deudas controvertidas: Son aquellas deudas cuyo monto, existencia o forma de pago está siendo cuestionada en un proceso judicial o administrativo. Allanamiento: Es un acto jurídico por el cual una persona que está siendo demandada en un juicio acepta las pretensiones del demandante. Desistimiento: Es un acto jurídico por el cual una persona renuncia a continuar con un proceso judicial o administrativo. Costas y Gastos Causídicos: Son los gastos en los que incurren las partes durante un juicio, incluyendo los honorarios de los abogados.

b. Explicación Detallada

El artículo establece que las deudas controvertidas en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial a la fecha de publicación de la ley, podrán ser incluidas en el nuevo régimen bajo las siguientes condiciones: Allanamiento incondicional del empleador: El empleador debe aceptar completamente la deuda y renunciar a cualquier reclamo o acción legal relacionada con ella. Desistimiento de acciones legales: El empleador debe renunciar a cualquier proceso judicial o administrativo que haya iniciado en relación con la deuda. Asumir las costas y gastos: El empleador deberá hacerse cargo de todos los gastos del proceso judicial o administrativo, incluyendo los honorarios de los abogados de la otra parte.

c. Ejemplos Ilustrativos

Ejemplo 1: Una empresa de construcción tiene una deuda con un grupo de trabajadores por el pago de horas extras. Esta deuda está siendo discutida en un juicio laboral. La empresa, buscando una solución rápida y acogerse a los beneficios del nuevo régimen, decide allanarse a la demanda y pagar la deuda, incluyendo las costas del juicio. Ejemplo 2: Un restaurante tiene una deuda con el fisco por impuestos impagos. Esta deuda está siendo investigada en sede administrativa. El dueño del restaurante, reconociendo la deuda, decide allanarse parcialmente, aceptando pagar el capital adeudado pero solicitando una reducción de las multas e intereses. Ejemplo 3: Un hotel tiene una deuda con una empresa proveedora de servicios. La deuda está siendo discutida en un proceso de mediación. Ambas partes llegan a un acuerdo en el que el hotel se allana a pagar la deuda en cuotas, mientras que la empresa proveedora desiste de reclamar el pago de intereses. Asumir costos: El empleador debe afrontar el pago del total o parte de la deuda, además de las costas y gastos del proceso legal. Pérdida de oportunidad: Al allanarse, el empleador pierde la oportunidad de obtener un fallo favorable en caso de que su postura en el litigio fuera sólida.

b. Consecuencias para el acreedor:

Beneficios: Cobro efectivo: El acreedor tiene la seguridad de cobrar la deuda, aunque sea parcialmente, al igual que las costas del proceso, evitando así la incertidumbre de un proceso judicial o administrativo. Solución rápida: El allanamiento del empleador y el desistimiento de acciones legales aceleran el proceso de cobro, evitando la espera y los costos asociados a un litigio prolongado. Desventajas: Posible reducción del monto a cobrar: Si el allanamiento es parcial, el acreedor podría recibir un monto inferior al inicialmente reclamado en el litigio. Renuncia a futuros reclamos: Al aceptar el allanamiento, el acreedor renuncia a cualquier reclamo futuro relacionado con la deuda.

c. Consideraciones adicionales:

Es importante que el empleador analice cuidadosamente los beneficios y desventajas del allanamiento y desistimiento, evaluando la fortaleza de su posición en el litigio y las posibilidades de éxito en el proceso. Se recomienda que el empleador consulte con un abogado especialista en derecho laboral o administrativo para que lo asesore sobre la conveniencia de acogerse a la figura del allanamiento y desistimiento, y sobre las posibles consecuencias legales y económicas que esto podría conllevar. La decisión final de allanarse o no a la demanda, así como la determinación del alcance del allanamiento (total o parcial), son decisiones que le corresponden exclusivamente al empleador, quien deberá evaluar los riesgos y beneficios de cada opción.
¿Cuáles son las consecuencias?

a. Consecuencias para el empleador:

Beneficios: Regularización: Al allanarse y desistir, el empleador puede regularizar su situación legal y dejar de afrontar un proceso judicial o administrativo, lo cual suele ser largo y costoso. Acceso a beneficios: Al incorporar la deuda al nuevo régimen, el empleador puede acceder a los beneficios que este ofrezca, como por ejemplo, facilidades de pago, quitas de intereses o condonaciones parciales. Esto dependerá de la ley específica y sus características. Certidumbre: La resolución de la controversia a través del allanamiento y desistimiento le brinda al empleador certeza jurídica y le permite planificar mejor su situación financiera a futuro. Desventajas: