a. Introducción y Conceptos Clave

El Artículo 45, en el contexto de la Ley Bases, busca agilizar los procesos judiciales contra el Estado. Imaginemos que el Estado, como si fuera una empresa de servicios, toma una decisión que te perjudica (por ejemplo, te niega un permiso). Este artículo establece que, si la Justicia declara que esa decisión (el "acto administrativo") fue ilegal, el plazo para que puedas reclamar una compensación por los daños sufridos comienza a correr recién a partir de la sentencia judicial que confirme la ilegalidad. Conceptos Clave: Acto administrativo: Es una decisión tomada por un órgano del Estado (como un ministerio o una municipalidad) en ejercicio de sus funciones. Demanda: Es el escrito que inicia un juicio. Silencio de la Administración: Se configura cuando la Administración no responde a una petición dentro del plazo legal establecido. Acción contra el Estado: Es la posibilidad que tienen los ciudadanos de iniciar un juicio al Estado para reclamar por daños causados por sus actos. Sentencia firme: Es la decisión judicial que ya no puede ser apelada, es decir, es definitiva.

b. Explicación Detallada

Este artículo modifica el Artículo 26 de la Ley 19.549, que regula los juicios contra el Estado. Originalmente, la ley establecía que la acción por daños y perjuicios contra el Estado comenzaba a correr desde que el acto administrativo se hacía efectivo, incluso si luego se demostraba que era ilegal. Con la modificación introducida por el Artículo 45, se busca evitar que los ciudadanos pierdan la posibilidad de reclamar una indemnización por el solo hecho de que el tiempo haya transcurrido mientras se resolvía la legalidad del acto administrativo. Ejemplo: Si el Estado te expropia un terreno de forma ilegal y, mientras se resuelve la cuestión en la justicia, pasan varios años, bajo la normativa anterior podrías perder la posibilidad de reclamar una indemnización por los daños sufridos durante ese tiempo. Con esta modificación, el plazo para reclamar se cuenta a partir de la sentencia que declara la ilegalidad de la expropiación, protegiendo así tus derechos.

c. Ejemplos Ilustrativos

Situación 1: Una empresa obtiene un permiso del Estado para construir un edificio. Luego, la Justicia lo declara ilegal porque no se cumplían ciertos requisitos ambientales. Con la nueva ley, la empresa puede reclamar los daños sufridos por la construcción detenida a partir de la sentencia que declara la ilegalidad del permiso. Situación 2: Un ciudadano solicita al Estado el acceso a información pública y recibe una respuesta negativa. Inicia un juicio y, tras un largo proceso, la Justicia determina que el Estado actuó mal y debía haberle entregado la información. Gracias a la modificación del Artículo 26, el plazo para que este ciudadano pueda reclamar los daños ocasionados por la falta de acceso a la información empieza a correr desde la sentencia judicial firme.

La modificación del Artículo 26 de la Ley 19.549 a través del Artículo 45 trae consigo importantes consecuencias, principalmente en cuanto a la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la administración pública.

a) Mayor seguridad jurídica para los ciudadanos:

Al establecer que el plazo de prescripción para reclamar daños por actos administrativos ilegítimos comienza a correr a partir de la sentencia judicial firme, se brinda mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. Ya no se ven presionados por el tiempo mientras se determina la legalidad de un acto administrativo que los perjudica. Esto les permite enfocarse en la defensa de sus derechos sin la amenaza de perder la posibilidad de reclamar una indemnización.

b) Promoción de la responsabilidad del Estado:

La modificación también busca promover una mayor responsabilidad del Estado en sus actuaciones. Al saber que la prescripción de la acción de daños y perjuicios se inicia luego de la sentencia definitiva, la administración pública tendrá un incentivo adicional para actuar con mayor diligencia y apego a la legalidad, evitando así posibles demandas por parte de los ciudadanos.

c) Desaliento a la litigiosidad:

Contrario a lo que se podría pensar, esta modificación podría desalentar la litigiosidad. Al tener un plazo de prescripción más amplio, los ciudadanos podrían estar más dispuestos a buscar soluciones extrajudiciales con la administración antes de iniciar un juicio, ya que no se encontrarían sujetos a la presión del tiempo.

d) Posible aumento de litigios contra el Estado:

Si bien se busca desalentar la litigiosidad, es posible que en un primer momento se observe un aumento en la cantidad de juicios contra el Estado. Esto se debería a que personas que, bajo la normativa anterior, habrían perdido la posibilidad de reclamar, ahora podrían hacerlo amparados por la nueva normativa. Sin embargo, se espera que a largo plazo esta medida contribuya a una mayor responsabilidad del Estado y, en consecuencia, a una disminución de las acciones judiciales. En resumen, la modificación del Artículo 26 de la Ley 19.549 a través del Artículo 45 representa un avance significativo en la protección de los derechos de los ciudadanos frente a posibles actos ilegítimos del Estado. Esta modificación no solo brinda mayor seguridad jurídica al establecer un plazo de prescripción más justo, sino que también promueve una mayor responsabilidad en la actuación de la administración pública.