¿Qué significa?
a. Introducción y Conceptos Clave
El Artículo 31 de la ley Bases se enfoca en agilizar la burocracia estatal y evitar que la falta de respuesta de la Administración perjudique a los ciudadanos. Para ello, modifica el Artículo 10 de la Ley 19.549, estableciendo una regla general: el silencio de la Administración, después de un plazo determinado, se interpreta como una respuesta positiva para el ciudadano en ciertos casos.
Imaginemos que necesitamos un permiso del municipio para realizar una pequeña reforma en nuestra casa. Presentamos la solicitud con todos los requisitos, pero pasan los días y el municipio no nos da una respuesta. Según la ley anterior, esta demora podía dejarnos en un limbo, sin saber si podíamos o no avanzar con la obra.
b. Explicación Detallada
El artículo modificado distingue dos situaciones:
Inciso a): Silencio Negativo: Cuando se trata de un pedido que requiere una respuesta específica de la Administración (por ejemplo, una solicitud de información o un reclamo), si no hay respuesta en 60 días, se interpreta como una negativa. Es decir, se asume que el pedido fue rechazado.
Inciso b): Silencio Positivo: Cuando se necesita una autorización para realizar una actividad (como en el ejemplo de la reforma), si la Administración no responde en el plazo establecido por la normativa específica, se entiende que la autorización está concedida.
Excepciones al Silencio Positivo: Es importante destacar que el silencio positivo no aplica en áreas sensibles como salud pública, medio ambiente, servicios públicos o bienes públicos. En estos casos, la falta de respuesta no se interpreta como una autorización automática.
c. Ejemplos Ilustrativos
Ejemplo 1 (Silencio Positivo): Un emprendedor solicita un permiso para instalar un food truck en un evento. Si cumple con todos los requisitos y la municipalidad no responde dentro del plazo legal, se entiende que el permiso está otorgado y puede instalar su food truck.
Ejemplo 2 (Silencio Negativo): Una persona solicita información sobre el estado de una obra pública a través del portal de transparencia. Si la Administración no responde en 60 días, se entiende que la solicitud fue denegada y el ciudadano puede iniciar acciones legales para obtener la información.
Ejemplo 3 (Excepción): Una empresa solicita autorización para construir una planta industrial en una zona cercana a un parque nacional. Aunque la empresa cumpla con los requisitos, el silencio de la Administración no se interpreta como una autorización, ya que se trata de un área ambientalmente sensible.
c. Fomento de la Actividad Económica:
Al facilitar la obtención de permisos y autorizaciones en ciertos ámbitos, se espera que el silencio positivo contribuya a fomentar la actividad económica. Los emprendedores y las empresas podrán poner en marcha sus proyectos con mayor celeridad, lo que puede traducirse en un mayor dinamismo económico.
d. Desafíos para la Administración:
La implementación efectiva del silencio positivo supone un desafío para la Administración. Se requiere de una mayor eficiencia en la gestión de trámites, la optimización de los procesos internos y la digitalización de los expedientes para poder responder en tiempo y forma a las solicitudes ciudadanas.
e. Posibles Controversias:
Si bien se busca mayor transparencia, la aplicación del silencio positivo en áreas sensibles como la salud pública o el medio ambiente podría generar controversias. Es preciso contar con mecanismos de control y supervisión robustos para evitar abusos o decisiones que puedan afectar negativamente el interés público.¿Cuáles son las consecuencias?
El nuevo artículo 31 de la ley 19.549 busca generar un impacto significativo en la relación entre los ciudadanos y la Administración. Estas son algunas de las consecuencias:
a. Agilización de Trámites:
La implementación del silencio positivo busca, fundamentalmente, desburocratizar y agilizar los procesos administrativos. Al obligar a la Administración a responder en un plazo determinado o aceptar la solicitud por silencio positivo, se evita que los ciudadanos queden atrapados en un limbo burocrático. Esto libera tiempo y recursos tanto para los ciudadanos como para la Administración.
b. Mayor Seguridad Jurídica: