Ley Ómnibus - Lex
Tipo: Sustitución

ARTÍCULO 326.- Modificación del Código Penal de la Nación. Sustitúyese el artículo 194 del Código Penal de la Nación, por el siguiente: “ARTÍCULO 194.- El que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de uno (1) a tres (3) años y seis (6) meses. Si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos (2) a cuatro (4) años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado. Quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe. Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres (3) a seis (6) años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.

El artículo 326 de la Ley "Ómnibus" modifica el artículo 194 del Código Penal de la Nación. Este artículo se refiere a los delitos contra el normal funcionamiento de los transportes y servicios públicos. El artículo 194 original establecía penas de prisión de seis meses a tres años para quienes impidieran, estorbaran o entorpecieran el normal funcionamiento de estos servicios.
¿Qué significa?
El artículo 326 modifica el artículo 194 de varias maneras. En primer lugar, aumenta las penas de prisión para los delitos contra el normal funcionamiento de los transportes y servicios públicos. La pena mínima ahora es de un año de prisión, y la pena máxima es de seis años y seis meses.

En segundo lugar, el artículo 326 amplía el alcance de los delitos contra el normal funcionamiento de los transportes y servicios públicos. El artículo original sólo se aplicaba a quienes impidieran, estorbaran o entorpecieran el normal funcionamiento de estos servicios. El artículo modificado también se aplica a quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impida, estorbe o entorpezca la circulación o el transporte público o privado, o que cause lesiones a las personas o daños a la propiedad.

En tercer lugar, el artículo 326 crea una nueva pena para quienes obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole. La pena para este delito es de prisión o reclusión de tres a seis años.
Ejemplos
Un ejemplo de un delito contra el normal funcionamiento de los transportes y servicios públicos es cuando un grupo de personas bloquea una carretera para protestar por una política gubernamental. Otro ejemplo es cuando un grupo de personas ataca un autobús o un tren. Un ejemplo de un delito de obligar a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta es cuando un empleador amenaza a sus empleados con despedirlos si no asisten a una manifestación política.
¿Cuáles son las consecuencias?
Positivas
El artículo 326 tiene varias consecuencias positivas. En primer lugar, disuade a la gente de cometer delitos contra el normal funcionamiento de los transportes y servicios públicos. Las penas más severas previstas por el artículo 326 hacen que sea menos probable que la gente cometa estos delitos. Esto beneficia a los usuarios de estos servicios, ya que les permite viajar y recibir servicios públicos sin interrupciones.

En segundo lugar, el artículo 326 ayuda a garantizar el orden público. Al castigar a las personas que impiden, estorban o entorpecen el normal funcionamiento de los transportes y servicios públicos, el artículo 326 ayuda a garantizar que estos servicios sigan funcionando sin problemas. Esto es importante para el funcionamiento general de la sociedad, ya que los transportes y los servicios públicos son esenciales para la vida cotidiana.

En tercer lugar, el artículo 326 protege los derechos de los ciudadanos a la libertad de reunión y de expresión. El artículo 326 permite a las personas reunirse y protestar pacíficamente sin temor a ser atacadas o intimidadas. Esto es importante para el funcionamiento de una democracia, ya que la libertad de reunión y de expresión son derechos fundamentales.
Negativas
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