El artículo 594 de la Ley "Ómnibus" modifica el artículo 7° de la Ley N° 23.351, que regula las bibliotecas populares en Argentina. Este cambio tiene como objetivo actualizar la autoridad de aplicación de la ley, trasladándola de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación y Justicia a la Secretaría de Cultura de la Nación.

El artículo 7° de la Ley N° 23.351 establecía que la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, que funciona en la jurisdicción del Ministerio de Educación y Justicia, a través de la Secretaría de Cultura, sería la autoridad de aplicación de la ley en todo el territorio nacional.

La modificación introducida por el artículo 594 de la Ley "Ómnibus" elimina la referencia al Ministerio de Educación y Justicia, dejando a la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares bajo la jurisdicción exclusiva de la Secretaría de Cultura de la Nación.

Este cambio tiene como objetivo simplificar la estructura administrativa y mejorar la coordinación de las políticas públicas relacionadas con las bibliotecas populares. Al concentrar la autoridad de aplicación en una sola dependencia, se espera que se agilice la gestión y se mejore la eficiencia en la implementación de la ley.

Por ejemplo, si una biblioteca popular necesita solicitar un subsidio o una donación, ahora deberá dirigirse únicamente a la Secretaría de Cultura de la Nación, en lugar de tener que tramitar su solicitud a través del Ministerio de Educación y Justicia. Esto simplificará el proceso y reducirá los tiempos de espera.

El traslado de la autoridad de aplicación de la Ley N° 23.351 a la Secretaría de Cultura de la Nación puede tener una serie de consecuencias positivas:

- Simplificación administrativa: Al concentrar la autoridad de aplicación en una sola dependencia, se espera que se agilice la gestión y se mejore la eficiencia en la implementación de la ley. Esto podría traducirse en un mejor servicio a las bibliotecas populares y una mayor accesibilidad a los recursos y programas disponibles para ellas.
- Mejora de la coordinación: La ubicación de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares dentro de la Secretaría de Cultura de la Nación permitiría una mejor coordinación de las políticas públicas relacionadas con las bibliotecas populares. Esto podría conducir a una mayor colaboración entre diferentes organismos gubernamentales y una mejor alineación de los recursos y esfuerzos para apoyar a las bibliotecas populares.
- Mayor visibilidad y relevancia: Al estar bajo la órbita de la Secretaría de Cultura de la Nación, las bibliotecas populares podrían ganar en visibilidad y relevancia ante el público general. Esto podría traducirse en un mayor apoyo público y en una mayor demanda de servicios bibliotecarios.

Sin embargo, también es posible que el traslado de la autoridad de aplicación de la Ley N° 23.351 tenga algunas consecuencias negativas:

- Pérdida de autonomía: La dependencia de la Secretaría de Cultura de la Nación podría implicar una pérdida de autonomía para la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Esto podría limitar la capacidad de la Comisión para tomar decisiones independientes y adaptarse a las necesidades específicas de las bibliotecas populares.
- Burocracia: La incorporación de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares a la Secretaría de Cultura de la Nación podría aumentar la burocracia y los trámites administrativos. Esto podría dificultar la gestión de las bibliotecas populares y la obtención de recursos y apoyo financiero.
- Politización: La ubicación de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares dentro de la Secretaría de Cultura de la Nación podría politizar su gestión. Esto podría llevar a que la Comisión esté sujeta a presiones políticas y que sus decisiones se vean influenciadas por intereses partidistas.