Tipo: Sustitución
ARTÍCULO 522.- Sustitúyese el artículo 32 de la Ley N° 27.611 por el siguiente: “ARTÍCULO 32.- Provincias. Las provincias que adhieran deberán:A. Brindar asistencia técnica a los municipios en la implementación de la presente política pública.B. Brindar al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobiernos locales bases de datos de conformidad con la Ley N° 25.326 que les sirvan de fuente y referencia para la Detección y detección de embarazadas.C. Brindar soporte informático y colaborar con infraestructura para garantizar el buen desempeño de los gobiernos municipales en la ejecución de la presente política pública.D. Cumplir con los recaudos y exigencias de los planes y protocolos diseñados por la autoridad de aplicación.
El artículo 522 de la Ley "Ómnibus" modifica el artículo 32 de la Ley 27.611, que regula el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia.
El artículo original establecía que la autoridad de aplicación debía elaborar e instrumentar un sistema de monitoreo y evaluación de la implementación de la ley, incluyendo la construcción de indicadores priorizados que permitan evaluar el acceso y el ejercicio efectivo de los derechos garantizados por la presente.
El nuevo artículo, en cambio, establece que las provincias que adhieran a la ley deberán brindar asistencia técnica a los municipios en la implementación de la política pública, brindar al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobiernos locales bases de datos para la detección de embarazadas, brindar soporte informático y colaborar con infraestructura para garantizar el buen desempeño de los gobiernos municipales en la ejecución de la política pública, y cumplir con los recaudos y exigencias de los planes y protocolos diseñados por la autoridad de aplicación.
El artículo original establecía que la autoridad de aplicación debía elaborar e instrumentar un sistema de monitoreo y evaluación de la implementación de la ley, incluyendo la construcción de indicadores priorizados que permitan evaluar el acceso y el ejercicio efectivo de los derechos garantizados por la presente.
El nuevo artículo, en cambio, establece que las provincias que adhieran a la ley deberán brindar asistencia técnica a los municipios en la implementación de la política pública, brindar al Poder Ejecutivo Nacional y a los gobiernos locales bases de datos para la detección de embarazadas, brindar soporte informático y colaborar con infraestructura para garantizar el buen desempeño de los gobiernos municipales en la ejecución de la política pública, y cumplir con los recaudos y exigencias de los planes y protocolos diseñados por la autoridad de aplicación.
¿Qué significa?
El cambio más significativo que introduce el nuevo artículo es la transferencia de la responsabilidad del monitoreo y evaluación de la ley a las provincias que adhieran a la misma. Esto significa que las provincias serán las encargadas de recopilar datos, elaborar indicadores y evaluar el impacto de la ley en su territorio.
Esta transferencia de responsabilidades se justifica en la necesidad de descentralizar la gestión de la política pública y permitir que las provincias adapten la implementación de la ley a sus propias necesidades y realidades.
Además, el nuevo artículo establece una serie de obligaciones específicas para las provincias que adhieran a la ley, como brindar asistencia técnica a los municipios, brindar bases de datos para la detección de embarazadas, brindar soporte informático y colaborar con infraestructura, y cumplir con los recaudos y exigencias de los planes y protocolos diseñados por la autoridad de aplicación.
Estas obligaciones están diseñadas para garantizar que las provincias cuenten con los recursos y la capacidad necesarios para implementar la ley de manera efectiva y eficiente.
Esta transferencia de responsabilidades se justifica en la necesidad de descentralizar la gestión de la política pública y permitir que las provincias adapten la implementación de la ley a sus propias necesidades y realidades.
Además, el nuevo artículo establece una serie de obligaciones específicas para las provincias que adhieran a la ley, como brindar asistencia técnica a los municipios, brindar bases de datos para la detección de embarazadas, brindar soporte informático y colaborar con infraestructura, y cumplir con los recaudos y exigencias de los planes y protocolos diseñados por la autoridad de aplicación.
Estas obligaciones están diseñadas para garantizar que las provincias cuenten con los recursos y la capacidad necesarios para implementar la ley de manera efectiva y eficiente.
Ejemplos
Un ejemplo de cómo las provincias pueden implementar el nuevo artículo es mediante la creación de un sistema de monitoreo y evaluación que incluya indicadores específicos para medir el impacto de la ley en la reducción de la mortalidad infantil, la desnutrición y la violencia contra las mujeres y las personas gestantes.
Otro ejemplo es la creación de un programa de asistencia técnica a los municipios para ayudarlos a desarrollar e implementar políticas y programas locales que promuevan la salud y el bienestar de las mujeres y los niños.
Otro ejemplo es la creación de un programa de asistencia técnica a los municipios para ayudarlos a desarrollar e implementar políticas y programas locales que promuevan la salud y el bienestar de las mujeres y los niños.
¿Cuáles son las consecuencias?
Positivas
La implementación exitosa del nuevo artículo tendrá una serie de consecuencias positivas, entre las que se incluyen:
- Una mejor coordinación entre los distintos niveles de gobierno en la implementación de la política pública, lo que permitirá una implementación más eficiente y efectiva de la ley.
- Una mayor capacidad de las provincias para adaptar la implementación de la ley a sus propias necesidades y realidades, lo que redundará en una mejor protección de los derechos de las mujeres y las personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia.
- Un sistema de monitoreo y evaluación más sólido que permita evaluar el impacto de la ley y realizar los ajustes necesarios para mejorar su implementación.
- Una mejor coordinación entre los distintos niveles de gobierno en la implementación de la política pública, lo que permitirá una implementación más eficiente y efectiva de la ley.
- Una mayor capacidad de las provincias para adaptar la implementación de la ley a sus propias necesidades y realidades, lo que redundará en una mejor protección de los derechos de las mujeres y las personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia.
- Un sistema de monitoreo y evaluación más sólido que permita evaluar el impacto de la ley y realizar los ajustes necesarios para mejorar su implementación.
Negativas
El nuevo artículo también podría tener algunas consecuencias negativas, entre las que se incluyen:
- Una posible duplicación de esfuerzos y recursos entre los distintos niveles de gobierno, lo que podría generar ineficiencias y un aumento de los costos.
- Una posible falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, lo que podría generar conflictos y dificultar la implementación efectiva de la ley.
- Una posible falta de capacidad de las provincias para implementar la ley de manera efectiva y eficiente, lo que podría afectar el ejercicio de los derechos garantizados por la ley.
Para minimizar estas posibles consecuencias negativas, es esencial que los distintos niveles de gobierno trabajen de manera coordinada y que las provincias cuenten con los recursos y la capacidad necesarios para implementar la ley de manera efectiva.
- Una posible duplicación de esfuerzos y recursos entre los distintos niveles de gobierno, lo que podría generar ineficiencias y un aumento de los costos.
- Una posible falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, lo que podría generar conflictos y dificultar la implementación efectiva de la ley.
- Una posible falta de capacidad de las provincias para implementar la ley de manera efectiva y eficiente, lo que podría afectar el ejercicio de los derechos garantizados por la ley.
Para minimizar estas posibles consecuencias negativas, es esencial que los distintos niveles de gobierno trabajen de manera coordinada y que las provincias cuenten con los recursos y la capacidad necesarios para implementar la ley de manera efectiva.